Nota de prensa de la Plataforma por las Libertades

La Plataforma por las Libertades está formada por más de 100 entidades españolas del ámbito educativo y social. ADVCE forma parte de ella.

La proposición de Ley integral de transexualidad criminaliza a los padres en la atención y cuidado de sus hijos, pone en riesgo el derecho a la integridad física de los menores y es contraria a los valores democráticos de nuestra sociedad.

Madrid 28 de Febrero de 2018. El pasado 23 de febrero el grupo político Podemos registró en el Congreso una proposición de ley integral de transexualidad.

Desde la Plataforma por las Libertades denunciamos la limitación de las libertades y los derechos de los ciudadanos españoles que la implantación de la agenda de la ideología de género, de la que esta proposición de ley forma parte como un capítulo más de la producción normativa descontrolada promovida por el colectivo LGTBI.

Esta proposición ataca directamente  a los derechos de los padres a participar mediante la información y la toma de decisiones con respecto a la salud de sus hijos en el ejercicio de los derechos contemplados en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española, además de los expresados en los artículos 5.3, 8 y 9.3 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente.

La plataforma por las libertades denuncia la pretensión de esta ley de suprimir el derecho de los padres y sustituirlos por la figura de un defensor judicial cuando un menor de 16 años quiera ser sometido a un tratamiento  hormonal.

Esta grave conculcación de derechos pone en riesgo el derecho a la integridad física de los menores, integridad por la que los poderes públicos deben velar.

Más allá del claro atentado a los derechos de los padres y al derecho a la integridad física de los menores, esta ley criminaliza a los padres que quieran participar en la atención y el cuidado de sus hijos vigilando por el pleno desarrollo de la personalidad de los mismos. El ejercicio de estos derechos por parte de los padres es considerado directamente como una vulneración de los derechos a la identidad sexual de los menores. Se pone en tela de juicio y se penaliza la preocupación que los padres puedan tener sobre la salud de sus hijos y su desarrollo.

En un claro y directo atentado contra la seguridad jurídica, esta ley pretende consagrar el derecho de los menores de 16 años a elegir su sexo entre las siguientes opciones:  masculino, femenino y “no binario”. La identidad calificada como “no binaria” aparece como una de las novedades más reseñables de esta proposición.

Los menores, podrán cambiar su nombre y sexo en el Registro sin permiso paterno y sin estar condicionados a presentar informes médicos o psicológicos o haberse sometido a tratamientos médicos o quirúrgicos, lo que supone un grave ataque no sólo a la seguridad jurídica y la lógica más elemental, sino también contra el derecho a la propia identidad recogida en el artículo 18 CE. Esta propuesta siembra el desconcierto y la desigualdad con respecto al resto de ciudadanos que quieran acceder a estos cambios en lo que se refiere a la identidad personal en los registros oficiales  por cualquier otro motivo y no puedan hacerlo.

Es contrario a los valores democráticos afirmar que el colectivo LGTBI  tiene  derechos por el hecho de tener una determinada orientación sexual, identidad sexual o identidad de género, como pretende la normativa que se ha propuesto al Congreso. A estas personas se les debe respeto y son merecedores del derecho de igualdad no porque la sociedad les califique y los encasille en un colectivo determinado  como si de un gueto se tratara. Son merecedores de esos derechos porque son ciudadanos, porque son personas, porque son seres humanos y no por su condición o identidad sexual.

Todos los seres humanos son iguales ante la ley y no debe prevalecer discriminación alguna por ningún motivo y no debe haber ventajas de unos frente a otros, actuar así y justificarlo en motivos de índole sexual o de género como hace esta proposición de ley   definiría  nuestro comportamiento como sexista.

La igualdad es un principio, un valor fundamental tan solemne que no debe sufrir quiebra alguna bajo ningún pretexto y esta proposición de ley incide en la división de los ciudadanos tomando como excusa una determinada orientación sexual e intentando imponer un modelo determinado de entender la identidad sexual a toda la sociedad.

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