IMPORTANTE: Consulta pública previa sobre un anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación

Entre otras cosas, esta modificación pretende que la Asignatura de Religión no sea evaluable y que no haya una optativa. Es importante la movilización e información a los padres de alumnos que han elegido esta asignatura para que expresen su opinión. La consulta acaba este día 10 de noviembre. La información está en este enlace al Ministerio de Educación:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2018/reversion-lomce.html

NUESTRA RECOMENDACIÓN es que envíes a la dirección: consulta.seefp@mecd.es

el siguiente texto, que puedes copiar y pegar en tu correo (en el asunto puedes poner “Sobre la consulta pública convocada en relación a la LOMCE”; no olvides añadir los dos datos del final del correo):

SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
​Habiendo tenido conocimiento, a través de la web oficial de ese Ministerio, de la consulta pública convocada en relación con las modificaciones que se pretenden aplicar a la LOMCE y, más concretamente, de las relativas a la materia de Religión, deseo manifestarle mi más absoluta disconformidad en estas dos cuestiones: la exclusión de la asignatura de Religión de la nota media obtenida por el alumnado y la propuesta de supresión de la materia que actualmente existe como alternativa a la precitada asignatura.
​Las razones por las que expreso esta disconformidad son las siguientes:
1.- Nuestro sistema educativo necesita una reforma en profundidad que supere las carencias observadas en las últimas leyes educativas. En este sentido, cualquier modificación que se realice en el sistema educativo debe emanar de un pacto entre todos los miembros de la comunidad educativa: familias, profesorado y alumnado.
2.- El área/materia de Religión está convenientemente encuadrada dentro de nuestro sistema constitucional y consolidada en las numerosas leyes educativas que hemos tenido en las últimas décadas. Y la alternatividad con otra materia de valores éticos y cívicos no vulnera en ningún momento el derecho a la igualdad ni implica discriminación alguna, como bien lo expresa la sentencia 31/2018 del Tribunal Constitucional (10 de abril de 2018). Es más, dicha sentencia afirma que: “con estas actividades paralelas y complementarias se trata de asegurar que los alumnos reciban una formación adecuada para el pleno desarrollo de su personalidad [artículo 6.1 a) L.O.D.E.], proporcionándoles el bagaje cultural necesario para su legítimo y pleno ejercicio de la libertad ideológica, comprensiva de todas las opciones que suscita la vida personal y social, entre las que se incluyen las convicciones que se tengan respecto del fenómeno religioso y del destino último del ser humano (STC 292/1993, fundamento jurídico 5), y que está reconocida en el artículo 16.1 C.E. por ser fundamento, justamente con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, según se proclama en el artículo 10.1 C.E., de otras libertades y de derechos fundamentales (STC 20/1990, fundamento Jurídico 4)”.
3.- Es de todos conocido, que todo cuanto acontece en los centros educativos forma parte del desarrollo integral de la persona. En cuanto a las áreas o materias, al estar debidamente curriculadas y tener la programación adecuada que contribuya al desarrollo de las competencias del alumnado, exige de las mismas una evaluación que califique el desarrollo de estas competencias con un criterio objetivo que determine el desarrollo de todos los objetivos generales de una etapa a los que contribuye, sin duda alguna, todas las áreas y/o materias del currículo, entre los que se encuentra la Religión y/o los Valores éticos y Sociales/Valores cívicos.
4.- La exclusión de la nota de Religión de la nota media del alumnado elimina la posibilidad de contabilizar la calificación en esta área/materia dificulta la comprobación del grado de consecución de los objetivos generales de la etapa.
5.- La aplicación de dichas decisiones administrativas, además de lesionar el derecho a la estabilidad laboral de decenas de miles de docentes (tanto de quienes imparten el área/materia de Religión, como de quienes lo hacen con la alternativa) atenta gravemente contra el principio de igualdad entre los ciudadanos españoles consagrado en nuestra Constitución y contravienen numerosos pronunciamientos judiciales de las más altas instancias jurisdiccionales de nuestro país.
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