Los padres advierten al gobierno que defenderán sus derechos y su libertad

ESEL, España Educa en Libertad. Madrid, 10 de julio de 2018.  En su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, la nueva ministra ha anunciado las “líneas maestras” del proyecto educativo del gobierno.

Mientras plantea como principio rector que guiará su mandato “La colaboración y el diálogo abierto para trabajar en común con la comunidad educativa y con todos los agentes políticos y sociales, anuncia una serie de medidas, tomadas de manera unilateral, que imponen un modelo educativo ideológico que no respeta la voluntad de miles de familias que optan, amparados por la Constitución, por tratados internacionales y por sentencias en los tribunales, por modelos educativos que este gobierno pretende suprimir.

  • Apela a la aconfesionalidad del Estado, recogida en la Constitución, para justificar  que la religión, como asignatura optativa, no tenga efectos académicos, y se olvida de que la misma Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los Acuerdos firmados por el Estado con las confesiones religiosas mayoritarias garantizan el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa que libremente elijan, tanto dentro como fuera de la escuela. Y en el uso de este derecho, un amplio porcentaje de familias eligen esta asignatura optativa en todo tipo de centros, tanto con ideario propio como centros públicos.

  • Anuncia la creación de una asignatura obligatoria, de valores cívicos y éticos. Con el precedente de Educación para la Ciudadanía, que impuso el Gobierno de Zapatero, y de las asignaturas que se han ido creando desde entonces, algunas aún como experiencia piloto, nos tememos que dicha asignatura no hará sino generar un nuevo conflicto en el sistema educativo, como ya ocurrió con EpC, cuya imposición dio lugar a la mayor movilización de padres de la historia, que de hechoconsiguió que dichas asignaturas fueran eliminadas del sistema educativo. Estos precedentes han demostrado que estas asignaturas se crean para imponer a los alumnos una visión sobre determinadas cuestiones que son controvertidas y objetode pleno debate en la sociedadpero que presentan implicaciones morales, éticas ideológicas y religiosas, que en un Estado aconfesional no se pueden imponer ytienen que quedar fuera del ámbito escolar. Así lo manifestó elTribunal Supremoen su sentencia de 11 de febrero de 2009: el hecho de que existan asignaturas obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que — independientemente de que estén mejor o peor argumentadas– reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”.

  • Las declaraciones de la ministra sugieren que está en peligro la permanencia de la escuela concertada, que es elegida libremente por miles de familias en su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Califica esta “demanda social”como un “eufemismo”que, a su juicio, “ha servido para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.Ningún modelo debe ser considerado subsidiario del otro, sino que ambos deben coexistir para garantizar tanto el derecho a la educación de todos los alumnos como el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, como recoge la Constitución. La demanda social de los centros concertados no es un eufemismo: es el ejercicio del derecho de miles de padres y al gobierno le corresponde garantizar que los padres puedan ejercer ese derecho. No se debepor tanto considerar, como lo hace la ministra, que la red concertada simplemente “tiene un carácter complementario para cubrir las necesidades de escolarización”.También el modelo de enseñanza diferenciada, como ha manifestado recientemente el Tribunal Constitucional, es “plenamente conforme” con la Constitución y con los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

  • La ministra plantea como “uno de los obstáculos para lograr un acuerdo en materia educativael no advertir que el derecho a la educación recae sobre los hijos e hijas como individuosy no sobre las familias ni sobre los territorios ni sobre las religiones”. Es indudable quién es el sujeto del derecho a la educación. Pero la ministra debería tener presente que quizá el mayor obstáculo para lograr un acuerdo en materia educativa sea olvidar que somos los padres los únicos que tenemos reconocido nuestro derecho a elegir la formación religiosa, moral,  pedagógica y/o filosófica que queremos para nuestros hijos.Por mucho que un  gobierno tenga unos principios políticos e ideológicoscomo dice la ministra, no le es lícito, en un Estado democrático y aconfesional como el español,imponerlos en un modelo educativo concreto, por encima de los derechos de los padres.

Ante el anuncio de estas “líneas maestras” por parte de la ministra de educación, desde la Federación ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, vamos a intensificar de cara al curso que viene nuestra campaña de información, asesoramiento y movilización. Para ello continuaremos difundiendo la Guía para educar en Libertad,con información para las familias y en la que incluimos un modelo de solicitud de información y consentimiento expreso sobre cualquier actividad realizada en los centros educativos en relación con cuestiones moralmente controvertidas.  La actuación de los padres en esta línea ya ha dado como resultado la supresión de charlas que se venían impartiendo sin contar con su autorización expresa.

España Educa en Libertad pide al nuevo gobierno que respete la libertad de educación y los derechos de los padres como primeros educadores de sus hijos

Madrid, 5 de junio de 2018. Ante el reciente cambio de gobierno, y a la espera de conocer las medidas que se vayan a adoptar en materia educativa, desde la federación España Educa en Libertad  hacemos las siguientes consideraciones:

·       La Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España  garantizan la libertad de educación,  la libertad ideológica, religiosa y de conciencia y el derecho de los padres a elegir a formación religiosa, moral,  pedagógica y/o filosófica que quieren para sus hijos.

·      Desde hace unos años estamos asistiendo  a una creciente intervención del Estado que, en lugar de ser el garante de estos derechos como le exige la Constitución, pretende suplantar a los padres en su papel educador. Esta deriva se intensificó con la implantación de Educación para la Ciudadanía, lo que dio lugar a la mayor movilización de padres en defensa de nuestros derechos y los de nuestros hijos, una movilización que consiguió que dichas asignaturas fueran eliminadas del sistema educativo.

·      Pese a ello,  el adoctrinamiento en las aulas y la intromisión del Estado  no han cesado. A través de asignaturas piloto, como en el caso de Castilla La Mancha, o mediante charlas,   talleres y diversas actividades en los centros educativos, impartidos incluso por colectivos LGTBI a los que se permite la entrada en los centros sin conocimiento de los padres, se está inculcando a los menores los postulados de la Ideología de Género y una visión particular y reduccionista  de la sexualidad, lo que afecta a la libertad de conciencia y conculca derechos fundamentales consagrados en la Constitución.  Al negar los fundamentos naturales o biológicos de la identidad psíquica, la Ideología de Género rechaza los principios elementales de la Psicología Evolutiva sometiendo a una crisis innecesaria la maduración psicoafectiva de los menores.

·      Está imposición va a más: con la excusa de trabajar por la igualdad y el respeto a todas las personas independientemente de su orientación sexual se están aprobando leyes que imponen los postulados de la ideología de género y que convierten en obligatorio, para todos los centros, lo que hasta ahora se ha estado haciendo por medio de dichos talleres, charlas y actividades.  De hecho, ya se han empezado a modificar los currículos de las diferentes etapas educativas, como en el caso de la Comunidad de Madrid, para adaptarlos a dichas exigencias.

·      Diversas administraciones están haciendo llegar a los centros educativos protocolos de actuación que conculcan derechos fundamentales vulneran la neutralidad ideológica y que ponen en cuestión la patria potestad de los padres.

 ·      Esta intromisión ilegítima de los poderes públicos en el papel de los padres ha provocado la reacción de diferentes plataformas y asociaciones que, junto con nuestra federación, han iniciado una campaña de información y movilización. Para ello hemos editado la Guía para educar en Libertad, en la que incluimos un modelo de solicitud de información y consentimiento expreso sobre cualquier actividad realizada en los centros educativos en relación con cuestiones moralmente controvertidas.  La actuación de los padres en esta línea ya ha dado como resultado la supresión de charlas que se venían impartiendo sin contar con su autorización expresa. Esta campaña de información y movilización se intensificará de cara al próximo curso.

Esperamos que el nuevo gobierno escuche a los padres y sea el garante de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución en materia educativa y de libertad ideológica y de conciencia.