10 «confusiones», bien detalladas, que provocan las leyes LGTB: científicas, médicas y jurídicas…

La Comunidad Valenciana, dirigida por dos partidos de izquierdas como PSOE y Compromís, ha aprobado en apenas dos años sendas leyes LGTBI que imponen la ideología de género y sancionan la discrepancia ante esta ideología desde cualquier punto de vista ya sea científico, jurídico o religioso. Esta es una tendencia que se ha dado en otras regiones españolas, pero también en otras partes el mundo.

Ante esta situación, el doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica de Valencia, Alejandro J. López Oliva ha analizado estas leyes de manera pormenorizada, aunque en buena parte es extensible al resto de normativas LGTB que se han ido aprobando, y ha preparado este decálogo sobre las graves confusiones que en distintos ámbitos provocan en los ciudadanos. Lo publica el Observatorio de Bioética de Valencia:

Decálogo de confusiones de las leyes valencianas sobre ideología de género

1. Confusión de la naturaleza sexuada del ser humano (varón o mujer) con las diferentes orientaciones sexuales y sus diversas expresiones e identidades (homosexual, bisexual, intersexual, asexual, transexual, pansexual, demisexual, antrosexual, heterosexual, polisexual, hiposexual, etc.), como si también fueran sexos de la especie humana y existiera una diversidad sexual.

El ser humano tiene una naturaleza sexual binaria, biológica y objetiva que determina el desarrollo de un individuo desde la misma unión de los gametos. En la especie humana no hay diversidad sexual, ni sexo hermafrodita como en algunos animales invertebrados, ni sexo neutro como en el género gramatical del lenguaje. Los pares de cromosomas XY y XX son responsables de la diferenciación sexual binaria masculina y femenina, aunque otros cromosomas como los del par 1, 9 y 19 también contienen genes que codifican características masculinizantes o feminizantes. Un reciente trabajo ha identificado cerca de 6500 genes que codifican proteínas que reaccionan de forma diferente en los sexos masculino y femenino (Gershoni, M., & Pietrokovski, S. The landscape of sex-differential transcriptome and its consequent selection in human adults. BMC biology. 2017;15(1):7). Todo ser humano nace con sexo biológico habiendo una predisposición innata hacia uno u otro comportamiento sexual independientemente del entorno y de la educación recibida (Connellan, J., Baron-Cohen, S.,  Wheelwright, S., Batkia, A.,  & Ahluwalia, J. (2000). Sex differences in human neonatal social perception. Infant Behavior and Development, 23 (1), 113-8). No tenemos sexo, sino que somos sexuados. La gran mayoría de aspectos anatómicos y fisiológicos que caracterizan la corporalidad humana está impregnada de la realidad sexual masculina o femenina (densidad ósea; grosor y textura de la piel; función hormonal; estructura, conectividad y funcionamiento cerebral; etc).

Ni la sexualidad, ni el sexo, ni el género son hechos meramente culturales, más bien, las disposiciones biológicas configuran fuertemente “todos los niveles” de lo humano predisponiéndolo a un desarrollo masculino o femenino.

Existen los llamados Desórdenes del Desarrollo Sexual (conocidos como DSD, siglas en inglés de “disorders of sex development”), consistentes en la manifestación de anomalías en la constitución genotípica y fenotípica del individuo, que ocasionan que ciertos individuos presenten o bien genitales ambiguos, o bien rasgos virilizantes en mujeres o feminizantes en varones, cuyo origen suelen ser defectos en determinados genes que pueden perturbar, tanto la conformación anatómica de los genitales y las características sexuales externas, como la función endocrina y la fertilidad. (Ainsworth, C. (2015). Sex redefined. Nature, 518 (7538), 28891). Entre los más comunes, pueden citarse los síndromes de Klinefelter y Turner y sus variantes, las disgenesias gonadales, hipospadias, quimera ovotesticular (hermafroditismo verdadero), hiperplasia suprarrenal congénita (pseudohermafroditismo femenino) y el síndrome de insensibilidad androgénica completa o parcial (síndrome de Morris, feminización testicular o pseudohermafroditismo masculino). No se trata de cuerpos no binarios ni de diferencias o variaciones en el desarrollo sexual. Son anomalías o desórdenes de la manifestación fisiológica que, en estado de homeostasis, muestran los individuos de la especie humana, en forma de varones o mujeres. La frecuencia real de los estados de indefinición sexual o intersexualidad (varones con estructuras sexuales femeninas y viceversa) es extremadamente baja, del orden de 4,5 por 100.000 individuos, consideradas como enfermedades raras, tal como afirman algunos autores (Sax L. How common is intersex? A response to Anne Fausto-Sterling. The Journal of Sex Research. 2002; 39(3):174). Se trata de infrecuentes excepciones a la norma marcada por la naturaleza.

En consecuencia, las personas que tienen la sensación de pertenecer al sexo opuesto o en algún punto intermedio no son un tercer grupo sexual, siguen siendo hombres o mujeres biológicos. No en vano, el hecho de modificar el nombre y/o el sexo existente en el Registro civil, o el hecho de modificar la apariencia física externa o los caracteres sexuales secundarios por medio de una intervención quirúrgica (denominada cambio de sexo) o por medio de un tratamiento hormonal (bloqueo o tratamiento cruzado), no cambian el sexo biológico de la persona.

2. Confusión de la admisión y promoción de una única concepción, visión y perspectiva concreta de la sexualidad humana (ideología o perspectiva de género) con el respeto y no discriminación a las personas del colectivo LGTBI. De los textos legales se desprende que, si no se asume, promueve, difunde o fomenta la perspectiva de género en materia afectivo sexual (diversidad sexual, cuerpos no binarios, etc.) no se respeta y se está discriminando a las personas del colectivo LGTBI.

La obligación de asumir la perspectiva de género en materia afectivo sexual afecta a todas las personas, físicas o jurídicas, privadas (docentes, profesionales, religiones monoteístas, etc.) o públicas (administración pública, centros educativos, funcionarios, etc.), de la Comunidad Valenciana (arts. 2 Ley 8/2017; 3 Ley 23/2018) vulnerando el régimen de derechos y libertades fundamentales de las personas que discrepan o no asumen ni comparten la ideología y perspectiva de género, tengan la orientación sexual que tengan y la expresen como la expresen. Todos, sea cual sea nuestra conducta sexual o nuestra percepción sobre nuestra sexualidad, somos acreedores a todo el respeto que merecemos como personas, pero sobre nuestra conducta, percepciones e ideas y estilo de vida se puede opinar. Como respetar a un socialista no implica tener que aceptar el socialismo pues de lo contrario le estás discriminando, o como respetar la dignidad humana de un cristiano o de un musulmán no significa que todos deban afirmar la verdad del cristianismo o de la religión islámica o de lo contrario se le está discriminando. La conducta y percepción personal sobre la sexualidad, como la adscripción ideológica o religiosa, deben ser respetadas; pero ese respeto no exige la adhesión de terceros a las opciones en libertad de aquel al que se respeta. El respeto y la no discriminación no implica adhesión y asunción de una concepción o perspectiva concreta de la sexualidad. El respeto y la no discriminación implica libertad (de pensamiento, religión, expresión, comunicación, educación, etc.) en materia afectivo sexual.

Asumir una concreta concepción, visión o perspectiva de la sexualidad humana como ética y moral institucional, excluyendo al resto de concepciones o perspectivas existentes en una sociedad libre y plural, conlleva imponerla a aquellos que discrepan o se oponen, que serán excluidos por prejuicios socio-culturales y/o sanciones administrativas, vulnerando los valores superiores del ordenamiento jurídico de libertad, igualdad y pluralidad, así como varios derechos fundamentales y libertades públicas de las personas.

3. Confusión del sentimiento de la persona en materia afectivo sexual con la identidad de género. La identidad y expresión de género de la persona se identifica únicamente con el sentimiento (art. 4.1, 4.2 y 4.3 Ley 8/2017; arts. 4.2 y 4.3 Ley 23/2018), íntimo, subjetivo y cambiante, excluyéndose al resto de dimensiones de la persona como son las dimensiones física, racional o intelectual y la espiritual.

Debe tenerse en cuenta la comorbilidad psiquiátrica que puede obstaculizar la evaluación diagnóstica o el tratamiento de la disforia de género (Grossman, A. H., & D’Augelli, A. R. (2007). Transgender youth and life-threatening behaviours. Suicide Life Threat Behav, 37, 527-537). Cuando un niño y una niña, biológicamente sanos, creen que son lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico y, por tanto, debería ser tratado como tal. Estos niños sufren disforia de género. La disforia de género (GD) está reconocida como un trastorno mental en el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-V) de aplicación universal clínico – médica.

La omisión del estudio de la posible comorbilidad (TEA, ansiedad, depresión, tendencias suicidas, etc.) ante la aparición de los primeros signos de conducta incongruente de género, y la aceptación, sin más, de la existencia de una inequívoca tendencia transexual que debe promoverse por el sentimiento íntimo y subjetivo de la persona, resulta, cuando menos, imprudente, y asume riesgos inaceptables especialmente para los menores de edad, que pueden verse privados de la atención necesaria para el tratamiento de otros trastornos que podrían comprometer su salud posterior (Glidden, D., Bouman, W., Jones, B., & Arcelus, J. (2016). Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of the Literature. Sex Med Rev, 4, 3-14). De hecho, la mayoría de los menores con un comportamiento no conforme con el género no resultan tener una identidad transgénero (Rosenthal, S. (2014). Approach to the patient: transgender youth: endocrine considerations. J Clin Endocrinol Metab., 99(12), 4379-89; Wallien, M. S., & Cohen-Kettenis, P. T. (2008). Psychosexual outcome of gender-dysphoric children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 47, 1413-23).

Al respecto, conviene destacar que “la mayoría de los varones y de las mujeres que durante la infancia confunden su género (disforia de género), finalmente aceptan su sexo biológico tras pasar por la pubertad” (Wallien, M.S., & Cohen-Kettenis, P.T. (2008). Psychosexual outcome of gender-dysphoric children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 47, 1413-23; Drummond, K.D., Bradley, S.J.-B., & Zucker, K.J. (2008). A follow-up study of girls with gender identity disorder. Dev Psychol, 44, 34-45), y que “los niños que utilizan bloqueadores de la pubertad para realizar un cambio de sexo, necesitarán hormonas del sexo opuesto durante una adolescencia tardía. La utilización de las hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos del sexo opuesto conllevan riesgos para la salud. La ingesta de hormonas puede provocar presión arterial disparada; coágulos de sangre; accidentes cerebrovasculares y cáncer. Las tasas de suicidio son veinte veces mayores en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto y/o se someten a una cirugía de cambio de sexo” (Dhejne, C., Lichtenstein, P., Boman, M., Johansson, A. L., Långström, N., & Landén, M. (2011). Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden. PLoS One, 6, e16885; Mayer, L., & McHugh, P. (2016). Sexuality and Gender Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences. The New Atlantis(50), 4-144).

Esta confusión del sentimiento con la identidad de género, impide una educación afectivo sexual integral puesto que se imparte desde una perspectiva de género basada en el sentimiento subjetivo e íntimo de la persona (autopercepción), suprimiendo la razón, el entendimiento, la biología y la neurociencia contrastadas propios de la naturaleza humana. La educación debería de ser integral y no desde perspectivas o ideologías concretas que vulneran los derechos fundamentales y las libertades públicas del resto de las personas que no las comparten (ej. ciencia contrastada, religiones monoteístas, convicciones morales y filosóficas, etc).

Y de esta manera se excluye a quienes piensen y opinen que la sexualidad personal (los propios deseos, conductas, afectos o pulsiones) con su género es un ámbito de la libertad personal que no vincula a los demás en una sociedad libre. Cada uno debería poder hacer o sentir lo que quiera en materia afectivo sexual (con los límites del código penal) pero los demás deberían de tener la misma libertad para considerar lo que uno hace o desea como bueno o malo, admirable o no, digno de ser visto o no, especialmente si afecta a menores de edad.

4. Confusión del derecho de igualdad y no discriminación de todas las personas con el proselitismo institucional en materia afectivo sexual y la discriminación favorable o positiva del colectivo LGTBI, que cuenta con un estatus jurídico singular (Ley 8/2017 y Ley 23/2018) con derechos más potentes que el resto de los ciudadanos.

Que la administración pública aplique políticas, cree estructuras institucionales y financie a entidades de la sociedad civil para que difundan, promuevan y sensibilicen a toda la ciudadanía en la diversidad sexual, propia de la ideología o perspectiva de género que asume el colectivo LGTBI, incluyendo la educación de los menores de edad en los centros educativos, vulnera el deber constitucional que tiene la administración pública de servir con objetividad a los intereses generales (art. 103.1 CE) así como varios derechos fundamentales y libertades públicas (entre otros, arts. 9.2, 14, 16, 20 y 27 CE), como el derecho fundamental de igualdad y no discriminación por la orientación sexual de los ciudadanos.

Que la administración pública se identifique con la antropología y concepción de la sexualidad (perspectiva de género) que tiene una parte de la sociedad civil a la que pertenece el colectivo LGTBI (diversidad sexual, cuerpos no binarios, etc.), destinando el dinero público a apoyar su movimiento asociativo (art. 8.4 Ley 23/2018), a elaborar y aplicar planes municipales LGTBI  (art. 8.5 Ley 23/18) y políticas de empleo para personas LGTBI (art. 27.1 Ley 23/18), a crear y financiar un Consejo Valenciano LGTBI  (art. 10 Ley 23/18), un Consejo Consultivo Trans (art. 12 Ley 8/17), un Espacio de Memoria LGTBI (art. 38 Ley 23/18), y un servicio público informativo y de asesoramiento para las personas LGTBI (art. 13.1 Ley 23/18; art. 10 Ley 8/17), así como a introducir esta concepción en los proyectos educativos, en los documentos del colegio, en los planes tutoriales, en los currículums, y en la formación de toda la comunidad educativa en colaboración con el colectivo LGTBI (art. 24 Ley 23/18; arts. 21 a 24 Ley 8/17), y a prohibir que los miembros del colectivo LGTBI puedan ser ayudados por terceras personas a modificar su identidad o expresión de género aunque lo quieran (arts. 6 Ley 8/17; art. 7 Ley 23/18) en ejercicio de su libertad (como en su día hicieron David Reimer, Walter Heyer, Alan Finch, Mike Penner, Nancy Verhelst, Richard A. Cohen, …), etc., excluye y discrimina al resto de movimientos asociativos (ej. familiares, religiosos, científicos, profesionales, etc.) y al resto de perspectivas o criterios que existen en la sociedad civil en materia afectivo sexual (ej. ciencia contrastada, religiones monoteístas, concepciones filosóficas y morales, etc.), a quienes se les impone una concreta concepción afectivo sexual de la persona, vulnerando el deber constitucional que tiene la administración pública de servir con objetividad a los intereses generales (art. 103.1 CE) así como varios derechos fundamentales de las personas (arts. 9.2, 14, 16, 20 y 27 CE).

Los seres humanos deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones sea cual sea nuestra autopercepción de la sexualidad y nadie debería de poder imponer a los demás como vinculante esa autopercepción sentida o percepción subjetiva e íntima (sentimiento), violando los derechos de igualdad, pensamiento, ideología, religión y educación, entre otros.Estos derechos y libertades son vulnerados por la discriminación positiva o favorable de las personas dependiendo de su orientación sexual, en donde, por imperativo legal (Ley 8/17 y Ley 23/18), la concepción afectivo sexual del colectivo LGTBI es una ética – moral institucional o de Estado que se ha de promover, fomentar, financiar, estudiar y difundir en todos los ámbitos de la sociedad civil (juventud, medios de comunicación, deportes, cultura, sanidad, educación, familia, etc.), especialmente en la educación con menores de edad sin autorización ni consentimiento previo y expreso de sus padres.

Es impropio de un Estado social y democrático de Derecho el proselitismo y dogmatismo institucional en materia afectivo sexual (sensibilización adecuada, discriminación y visibilización positiva, promoción institucional, financiación pública, constitución de órganos de control y supervisión) acorde a una ideología concreta (perspectiva de género), aplicando la inversión de la carga de la prueba (arts. 46 Ley 8/17 y 57 Ley 23/18) y un procedimiento coactivo sancionador en caso de discrepancia u oposición (Título VI Ley 8/17 y Título V Ley 23/18).

5. Confusión del concepto “orientación sexual” con el afecto o la atracción afectiva (art. 4.1 Ley 23/18). Por imperativo legal y con carácter general, todos los varones que “sientan afecto o atracción afectiva” por su padre y por su madre, hermano y hermana, amigo, amiga o por varios amigos y amigas, así como todas las mujeres que “sientan afecto o atracción afectiva” por su madre y su padre, hermana y hermano, por una amiga, amigo o por varias amigas y amigos, tienen una orientación bisexual y son bisexuales. En consecuencia, por imperativo legal, la excepción de la especie humana está integrada por personas con orientación heterosexual u homosexual.

6. Confusión del concepto “familia” con la afectividad y la amistad (art. 4.9 Ley 23/2018). La norma equipara la familia con la amistad al definirla como “conjunto de personas que mantienen una relación de afectividad entre ellas, tengan o no descendencia”. En consecuencia, una comunidad religiosa, una falla, una cofradía, un grupo de amigos, y cualquier grupo de personas que mantengan una relación de afectividad entre ellas (relación de amistad) son, por imperativo legal, una familia o grupo familiar. ¿Se les puede aplicar el derecho de familia?

7. Confusión del concepto “identidad de género” con el sentimiento (interno e individual) de la persona (arts. 4.2 Ley 23/2018; art. 4.1 Ley 8/2017). La identidad de género de la persona es bastante más que el sentimiento subjetivo, individual y cambiante (ej. pasiones, frustración, culpa, celos, felicidad, sorpresa, etc.). Por imperativo legal, se excluye al resto de las dimensiones de la persona necesarias en la determinación de la identidad, como la dimensión física (ej. biología, neurociencia, etc.), la espiritual (ej. Fe, esperanza, etc.) y la intelectual (ej. razón, pensamiento, etc.), y se nos equipara al mundo animal con quienes compartimos la capacidad de sentir. La persona, al estar dotada de espíritu y raciocinio e intelecto, es distinta al resto de las especies animales. El sentimiento subjetivo e interno de la persona no autodetermina su género, pues éste es mucho más que su sentimiento.

Es un grave error antropológico afirmar que la mera manifestación del sentimiento subjetivo e interno autodetermina el género de la persona, y es un grave error jurídico que un sentimiento subjetivo e interno determine obligaciones en terceros, cuando, por mera definición, un sentimiento no es un derecho.

Genera una gran arbitrariedad e inseguridad jurídica atribuir unos derechos preferentes que obligan a terceros en base a un sentimiento que no puede objetivarse. Por ejemplo, si un varón manifiesta que se siente mujer (género sentido) en su centro educativo (CEIP, Instituto o Universidad), no se le puede exigir que lo acredite (ej. documentación clínico-médica) y se le debe permitir acceder a las duchas y a los servicios de las chicas (art. 21.1.f Ley 8/17), y tanto estas como el centro educativo no pueden oponerse ni negarse.

8. Confundir violencia familiar con no respetar al menor en materia de género (art. 34.1 Ley 8/2017). No es lo mismo la violencia familiar que no respetar al menor, pues de ser así, el código penal habría que ampliarlo a multitud de casos cotidianos de disparidad de opiniones y criterios entre los padres o tutores y sus hijos o pupilos que supondrían una limitación y/o supresión del ejercicio de la patria potestad así como de derechos y libertades fundamentales (ej. libertad de pensamiento, ideológica, de religión, etc.), como el derecho constitucional que tienen los padres a educar a sus hijos en materia afectivo sexual y de género según sus convicciones y el correlativo deber que tienen los poderes públicos a tener que garantizarlo (art. 27.3 CE). Téngase en cuenta que respetar el sentimiento del menor no implica la necesaria adhesión y asunción por parte de sus padres o legales representantes, pues estos son los titulares de la patria potestad y deberán decidir lo mejor para el menor atendiendo a sus circunstancias (edad, madurez, entorno socio cultural, etc.).

Según se afirma en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-5) “…a diferencia de algunas teorías constructivistas sociales, se considera que los factores biológicos son los que contribuyen, en interacción con los factores sociales y psicológicos, al desarrollo del género”. Nadie nace con género, nadie nace con la conciencia de sí mismo como varón o mujer, y los menores adquieren esa conciencia con el tiempo, y, como todos los procesos del desarrollo, puede ser descarrilado por las percepciones subjetivas de la infancia, las relaciones, y las experiencias negativas ocurridas desde la infancia, en donde los padres tienen el derecho – deber de ayudarles, orientarles y acompañarles según sus convicciones.

Lo característico de la minoría de edad es su falta de capacidad civil al carecer de conocimiento de causa y de madurez suficiente por sus circunstancias psicofísicas, razón por la que existe la representación legal e institución de la patria potestad que tiene como deber y facultad, entre otros, “tener en su compañía, alimentar, educar y procurar una formación integral” de sus hijos (art. 154.1º Código Civil). Las familias tienen el derecho-deber de educar, formar, orientar y acompañar en la maduración afectivo sexual y de género de sus hijos menores de edad de conformidad a sus convicciones. El ejercicio libre y efectivo de este derecho educativo constitucional en beneficio e interés del menor, aunque éste no lo entienda ni comparta, no es violencia familiar.

9. Confusión de la realidad biológica binaria de la especie humana con una concepción ideológica de la sexualidad (art. 23.2.a Ley 23/2018). Que la naturaleza humana sea binaria “no es un concepto” o una perspectiva heteronormativa generadora de prejuicios hacia orientaciones sexuales no heterosexuales, “es la realidad objetiva científicamente constatable”. La naturaleza humana sexuada no es un prejuicio ni un concepto, es un hecho y es una realidad científicamente contrastada. En cualquier libro de ciencias se hablará del aparato genital y reproductor masculino, y del aparato genital y reproductor femenino, así como que el aparato femenino es el único capacitado para dar a luz a nuevos seres humanos. No hay diversidad sexual ni cuerpos no binarios. No es de recibo equiparar la realidad binaria de la naturaleza humana auspiciada por la ciencia universal con el sexismo, el odio a las personas con orientaciones no heterosexuales o la violencia machista.

Ni la sexualidad, ni el sexo, ni el género son hechos meramente culturales, más bien, las disposiciones biológicas configuran fuertemente “todos los niveles” de lo humano predisponiéndolo a un desarrollo masculino o femenino (Connellan, J., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Batkia, A.,  & Ahluwalia, J. (2000). Sex differences in human neonatal social perception. Infant Behavior and Development, 23 (1), 113-8).

10. Confusión del derecho constitucional de educación que tienen los ciudadanos (art. 27.3 CE) con un derecho de la administración pública de educar en materia afectivo-sexual a menores de edad (art. 38 Ley 26/2018). Las Consellerias competentes en materia de educación y salud impartirán una educación afectivo sexual a los menores de la Comunidad Valenciana, preferentemente en el ámbito escolar, desde una perspectiva inclusiva y de género.

Las personas físicas son los titulares de los derechos fundamentales de ideología, pensamiento, religión, expresión y educación (arts. 16, 20 y 27 CE), y los poderes públicos tienen la obligación de atender al interés general con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE). Los padres tienen el derecho constitucional de educar a sus hijos según sus convicciones y los poderes públicos el deber de garantizarlo (art. 27.3 CE), razón por la que los menores de edad son responsabilidad de sus padres o tutores (art. 154 CC.) y no de la administración pública, salvo en situaciones extraordinarias de desamparo. El derecho a la educación es titularidad del menor de edad por medio de la voluntad de sus legales representantes, no es de la administración pública.

Una de las medidas de control del ejercicio del poder es, precisamente, el principio de neutralidad, que debe inspirar la actividad de “todas las instituciones públicas”, especialmente las que tienen competencias educativas, según se desprende de la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 4/1981, de 2 de febrero; 5/1981, de 23 de febrero; 53/1985, de 11 de abril; etc.) y de la legislación educativa vigente (arts. 4.1.c y 18.1 Ley 8/1985; art. 1.h.bis Ley 2/2006). El mandato constitucional de neutralidad implica que no haya ideologías o perspectivas concretas por parte de las instituciones públicas y en sus actividades.

La educación afectivo sexual de los menores de edad es una materia concerniente a sus sentimientos, emociones, afectos y convicciones, razón por la que la administración pública carece de competencia para impartirla desde una perspectiva concreta ajena a la ciencia contrastada y a las convicciones de las familias.

FUENTE: https://www.religionenlibertad.com/polemicas/120627063/CONFUSIONES-LEYES-LGTB.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=120627063&id_boletin=823563320&cod_suscriptor=445331

Los 7 puntos más críticos de la “ley mordaza” gay de Podemos en España

El grupo político de izquierda Podemos busca imponer una “ley mordaza” gay en España, con una propuesta legislativa –conocida como Ley LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales)– que fue admitida a trámite el 19 de septiembre de 2017 por el congreso español.

El 19 de septiembre, el parlamento español admitió a trámite el proyecto de ley con 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones.

El Partido Popular, que votó en bloque por la abstención, a través de un comunicado leído por su portavoz, Marta González, calificó el proyecto de ley, de “chapucero” y lamentó que Podemos ni siquiera corrigió “las faltas de ortografía” y “la deficiente sintaxis”.

Durante la votación, la plataforma española HazteOir.org realizó una manifestación contra la “ley mordaza” en el exterior del parlamento, con actores que se asemejaban a las víctimas del Estado Islámico, con uniforme naranja y una capucha negra sobre la cabeza, pero con carteles alusivos al contenido del proyecto de ley.

“Hemos querido mostrar de una forma muy gráfica el verdadero contenido de la ley, que lo que hace fundamentalmente es restringir libertades fundamentales”, explicó Ignacio Arsuaga, Presidente de HazteOir.org.

También se recogieron más de 55 mil firmas en contra del proyecto de ley de Podemos.

HazteOir.org distribuyó además folletos en los que denuncia los 7 puntos más críticos del proyecto de ley de Podemos:

1. Los ciudadanos somos culpables de discriminar mientras no demostremos lo contrario

HazteOir.org explica que el proyecto de ley de Podemos “suprime la presunción de inocencia y exige al acusado que demuestre que no es culpable”.

2. Los padres pierden la patria potestad sobre sus hijos

“Los menores podrán someterse a tratamientos hormonales y quirúrgicos irreversibles que condicionarán toda su vida sin conocimiento ni autorización de sus padres”, advierte la plataforma española, y señala que “a los padres que se nieguen a que sus hijos menores sean sometidos a tratamientos hormonales o quirúrgicos se les podría retirar la custodia”.

3. El sistema educativo adoctrina a niños y jóvenes

HazteOir.org denuncia también que, de aprobarse este proyecto de ley, “se introducirá, de forma obligatoria, para niños de todas las edades y en todos los centros educativos, la educación LGTBI”.

4. Se podrán clausurar medios de comunicación y asociaciones

Con la ley que propone Podemos, señala la plataforma de defensa de la familia, “los medios de comunicación, asociaciones legalmente constituidas, fundaciones, publicaciones, etc., pueden ser censurados o suspendidos sin intervención judicial, a través de una agencia de nueva creación”.

5. Se recorta la libertad de las personas homosexuales y transexuales

El proyecto de ley del grupo de izquierdas afecta también a quienes dice defender, denuncia HazteOir.org, pues “la ley prohíbe expresamente que las personas LGTBI puedan acogerse a ayudas o tratamientos que les permitan revertir su cambio de sexo o retornar a la heterosexualidad”.

6. Vestuarios y baños a elegir según el “género sentido”

Con la nueva ley que promueve Podemos, indica la plataforma española, tanto los niños y jóvenes estudiantes como los trabajadores y docentes podrán utilizar los baños de las escuelas según el “género sentido” y no según su sexo.

Así, hombres podrán entrar al baño de mujeres y mujeres al de hombres.

7. Se restringe la libertad de expresión

HazteOir.org denuncia que “profesores, maestros, médicos, personal sanitario, funcionarios, empresarios, periodistas serán vigilados y, en su caso multados por la ‘Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales’, de la que forman parte las asociaciones LGTBI promotoras de esta ley”.

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/los-7-puntos-mas-criticos-de-la-ley-mordaza-gay-de-podemos-en-espana-16868

La Plataforma por las Libertades pide a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados el rechazo a la Proposición de Ley LGTBI de Podemos

Consideran que vulnera derechos fundamentales y libertades públicas, y que lejos de perseguir la no discriminación, intenta imponer una ideología sin base científica de forma totalitaria.

 Entrega a los diputados Psoe.jpgLos representantes de la Plataforma con las diputadas del GP Socialista.

        José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez, Francisco Martínez y Juan Antonio Perteguer, en representación de la Plataforma por las Libertades, (que reúne a más de cien instituciones,  universidades, centros educativos, padres de familia y  miles de personas que se han adherido al manifiesto fundacional), han hecho entrega de un documento a los Grupos Parlamentarios mayoritarios del Congreso de los Diputados con las razones que explican su postura en relación con la Proposición de Ley de Podemos. Les  piden que rechacen dicho texto por considerar que vulnera derechos fundamentales y libertades públicas. Denuncian que se atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad Ideológica, religiosa y de expresión, el derecho de educación, el derecho a la igualdad, la presunción de inocencia, etc.)  

   Y en todo caso proponen que se supriman todos aquellos puntos donde se produce dicha lesión. 

    “Este texto lejos de perseguir la no discriminación, (finalidad que obviamente compartimos), trata de imponer una ideología sin base científica a base de sanciones, dirigida a adoctrinar de forma totalitaria desde el Estado, en especial a los más pequeños”, ha denunciado Lourdes Méndez. 

    El documento que se ha entregado a los Grupos Parlamentarios, contiene la denuncia expresa al texto del Grupo Parlamentario de Podemos,  y  es coincidente en muchos aspectos con el informe emitido por los letrados de la Cámara. También es coincidente con las denuncias que desde la Plataforma se viene realizando en relación a los múltiples textos que ya se han aprobado en diferentes Comunidades Autónomas, por vulnerarse derechos fundamentales y libertades públicas. “En las Comunidades Autónomas ya se están aplicando estas leyes donde se fomenta, promueve e impone una determinada ideología en especial en los centros educativos sin la autorización de los padres”, denuncia Juan Antonio Perteguer. 

     Los representantes de la Plataforma agradecen haber sido recibidos por  los diferentes Grupos Parlamentarios a los que han hecho llegar su preocupación, que es compartida por una parte importante de la sociedad civil. 

    José Eugenio Azpiroz ha afirmado que “hemos agradecido a todos los grupos su recibimiento y expresamente a UPN la claridad de su discurso por ser la única formación que ha expresado su posición en contra a la Proposición de ley, y al grupo parlamentario popular por la enmienda a la totalidad presentada al texto. Del mismo modo que ha valorado positivamente  las 100 enmiendas del PSOE al texto podemita”. 

     Lourdes Méndez a su vez ha dicho “.”Hemos pedido al grupo parlamentario popular que, en coherencia a la enmienda a la totalidad que han presentado, trasladen esa posición política con las reformas legales necesarias a todas las Comunidades Autónomas, especialmente donde gobiernan, ya que se están vulnerando los mismos derechos fundamentales que razonablemente han denunciado en su enmienda a la totalidad. 

    Finalmente Francisco Martínez expresó su preocupación por el trasfondo ideológico que evidencian estas iniciativas.

La Plataforma por las Libertades comparte el informe sobre la gravedad de los contenidos del Proyecto de ley LGTBI de Podemos

ANTE EL PROYECTO DE LEY LGTBI DE PODEMOS:

La Plataforma por las Libertades, de la que ADVCE forma parte, comparte el informe de los letrados del congreso de los diputados sobre la gravedad de los contenidos del Proyecto de ley de Podemos (según informa el periódico ABC).

Este informe ratifica las denuncias que desde la Plataforma por las Libertades venimos haciendo: vulnera derechos constitucionales y cercena los derechos de otros colectivos. 

El «demoledor» informe de los letrados de la Comisión de Igualdad sobre el Proyecto de Ley de Podemos contra la discriminación del colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero a intersexuales (LGTBI), puede provocar un giro de 180 grados en la tramitación de este texto.

Las dudas sobre la legalidad de esta iniciativa, que ya se pusieron de manifiesto en el debate de su toma en consideración, han sido confirmadas por los juristas de la Cámara Baja. Un total de 23 artículos corre el riesgo de vulnerar la Constitución. Otros 14 contradicen presuntamente distintas leyes. De los 98 artículos del documento, el 37,8 por ciento incurre en contradicciones legales.

Las posibles vulneraciones constitucionales contenidas en la Ley son todo, menos leves. El informe consta de 99 páginas en las que las letradas advierten una y otra vez sobre la interpretación extremadamente extensiva que el texto hace de la denominada «acción positiva» –beneficios a colectivos en desventaja– para las personas LGTBI. Una protección que, creen las letradas, se otorga automáticamente y sin justificación suficiente, discriminando y pasando por encima de los derechos de otros colectivos. Tanto, que la ley de Podemos pretende «construir un régimen jurídico diferenciado según categorías de personas», que podría llevar a que «un sustancial número de administrados declarasen que son personas LGTBI para disfrutar de las ventajas de la normativa». «No puede ser considerado como un entendimiento correcto de la acción positiva», insisten.

Tutela del Estado

Un caso concreto de esta situación se podría producir en la concesión de los permisos de trabajo y extranjería. En esta situación, «ser víctima de un delito por su orientación sexual puede comportar una ventaja en relación con la obtención de los permisos, que no está al alcance de víctimas de otro tipo de delitos, igualmente merecedores de la tutela del Estado».

Las letradas advierten así que con esta proposición de ley otros colectivos verían cuestionados hasta 18 tipos distintos de derechos, incluyendo varios de los considerados fundamentales como la libertad de pensamiento ideológica y religiosa, la libertad de expresión e información, la legalidad en materia sancionadora y penal, la tutela judicial efectiva, el derecho de igualdad, la proclamación del pluralismo político, e incluso el derecho a la educación en todas sus vertientes. También encuentran atentados contra el derecho de asociación, la seguridad jurídica, conflictos con el derecho a la salud, la libertad ideológica de las instituciones, o vulneraciones del principio de libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la intimidad personal y familiar o del principio de tipicidad.

Invade competencias

Los juristas también advierten de que la redacción no es conforme ni siquiera con la presunción de inocencia. Tampoco con el procedimiento de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, además de que invade competencias de las comunidades y quiebra la autonomía de las Cortes Generales. Por ejemplo, presume la existencia de daño a este colectivo en caso de denuncia, establece la transmisión del «valor positivo» de la diversidad sexual –debería ser valor neutro– a toda la ciudadanía o que la persona sea tratada conforme a la identidad sentida» y no al sexo con el que figura en el Registro, afectando a los derechos fundamentales de terceras personas con las que compartan espacios diferenciados por sexos.
Por otra parte, otorga competencias de Sanidad a la Administración Central, transferidas desde 2002, o carga a los profesionales sanitarios más obligaciones con el colectivo LGTBI que al resto de profesionales.
Y esto en el ámbito de la Constitución. Los otros 14 artículos señalados por las letradas recogen cuestiones tan graves como una distorsión del sistema de protección de menores, contraria al interés superior del menor, la quiebra frontal del régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas o la modificación encubierta del Estatuto de los Trabajadores.

Poder Judicial

En el ámbito judicial, invade competencias del Consejo General del Poder Judicial, la alteración de las bases del derecho de daños, la regulación directa y frontal del derecho a la educación, modificaciones del régimen del IRPF, cláusulas discriminatorias o dudas respecto al Código Penal.
Las letradas advierten de que se aparta también del régimen común del régimen jurídico del sector público, y que modifica normas centrales del ordenamiento jurídico, sin declararlo expresamente.
Pero los errores jurídicos de la proposición de ley morada aún no acaban aquí. El informe destaca la falta de calidad del texto, con frecuentes confusiones terminológicas entre principios y derechos, y entre derechos fundamentales y derechos subjetivos, lo que cuestiona la simple eficacia práctica de la ley. También confunde las competencias de la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

«Efectos indeseables»

Errores todos estos casi imperdonables en un texto legal, por sus «efectos indeseables» sobre la seguridad jurídica. La ley de Podemos aspira a crear nuevos derechos como el de autodeterminación humana, algo que solo puede llevarse a cabo mediante una reforma de la Constitución. También denuncian «falta de sistemática», «múltiples reiteraciones» o la imposibilidad de cumplir con el requisito de un lenguaje claro, preciso, culto pero accesible y respetuoso con las normas de la Real Academia. (Fuente ABC)

La Plataforma comienza una campaña informativa

Ante la gravedad de un proyecto que vulnera derechos de todos los españoles, desde la PLATAFORMA POR LAS LIBERTADES expresamos nuestra voluntad y deseo de que no sea aprobado.

Cifuentes mete la directa para adoctrinar sobre sexo y género a profesores y alumnos

El pasado 26 de marzo se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid:

El Decreto 17/2018, de 20 de marzo para Primaria y el Decreto 18/2018, de 20 de marzo para la Educación Secundaria Obligatoria.

El Decreto 9/2018, de 27 de febrero, para Bachillerato, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, un poco antes, el pasado 6 de marzo.

Con estos tres nuevos decretos educativos en la Comunidad de Madrid, comienza oficialmente la modificación de los contenidos o currículos educativos, como se obliga en las leyes LGTBI que se promulgaron en Madrid:

Los nuevos contenidos, en forma de elementos transversales, LGTBI entran de lleno en la educación madrileña y deberán estar presentes en las programaciones docentes tanto de colegios e institutos públicos y concertados, como de privados. Todos quedan afectados por estos tres nuevos decretos.

Los decretos afectan a todos los colegios e institutos: públicos, privados y concertados de Madrid

Según las recientes directrices del gobierno autonómico madrileño, los centros educativos están obligados a “garantizar la inclusión de los contenidos LGTBI en las programaciones docentes y velarán para que las mismas contengan pedagogías adecuadas” a lo marcado en las leyes promulgadas en Madrid sobre ideología de género.

Curso de Diversidad Sexual y de Género en el Entorno Educativo

Para que la ideología de género llegue a cada rincón de cada aula en la Comunidad de Madrid, es preciso adoctrinar y aleccionar primero a los profesores que la impartirán. El esfuerzo adoctrinador se intensifica con nuevos cursos dirigidos a los equipos directivos de los centros escolares y docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Se habilita a los profesores para impartir los nuevos contenidos del género que harán llegar a todos los menores de los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid.

Así, en el Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Capital, este año se ha impartido un curso sobre ‘Diversidad  Sexual y de Género en el Entorno Educativo’, en el mes de marzo. También en Madrid capital, en abril está teniendo lugar el mismo curso en el Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”. Y el mismo curso también se imparte en Madrid Sur este mes.

Con prioridad para equipos directivos

Dicho curso, este mismo mes y en el mismo centro de formación ‘Las Acacias’ se ha ofertado con prioridad para los equipos directivos de los centros de Primaria y Secundaria “con el objetivo de informar sobre la legislación vigente y los recursos específicos para poder afrontar la realidad de los menores con diversidad sexual y de género, así como prepararles para incluir la diversidad sexual y de género en el ámbito educativo”.

Ponentes trans e ideológos del género

Los seleccionados para impartir el adoctrinamiento a equipos directivos y profesores, según consta en los respectivos centros de formación, son:

Gabriel Ezquiel Díaz de Tudanca Piedra. Joven trans. Monitor de actividades extraescolares en Madrid y alrededores. Según consta en su perfil público en LinkedInen la actualidad trabaja en Grupo Educativo y también es voluntario en la Fundación Gil Gayarre. Ha trabajado también como auxiliar administrativo voluntario en COGAM, una organización LGTBI que desarrolla su labor en la Comunidad de Madrid.

Néstor Santana Benítez. Trabajador Social y Formador en temas LGTBI del Programa Madrileño LGTBI de la Comunidad de Madrid.Lola Martín RomeroSocióloga y Sexóloga. Responsable del Área de Formación y Sensibilización del Programa Madrileño LGTBI de la Comunidad de Madrid.

Sebastián Salinas Maldonado. Asesor Jurídico del Programa Madrileño LGTBI de la Comunidad de Madrid.

Susana Barón Vioque. Orientadora. Miembro del EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica) de Villaverde-Usera. Profesora Asociada de la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid.

Para profesores de Infantil, Primaria y Secundaria

Los requisitos de la Comunidad de Madrid para poder acceder a estos cursos son: ser profesor de Educación Infantil, Primaria o Secudaria.

El número de horas presenciales es de 12. Los profesores obtienen una certificación de 1.2 créditos al finalizar el curso. Los docentes de colegios privados y concertados y los interinos deben enviar por fax o por correo electrónico al responsable del curso la certificación actualizada de estar prestando servicios en su centro para obtener dicha acreditación.

Objetivos del curso de Diversidad Sexual y de Género

Según figura en la información oficial de los centros de formación para el profesorado de la Comunidad de Madrid, los objetivos del curso de ‘Diversidad Sexual y de Género en el entorno educativo’ destinado a docentes y al equipo directivo pretenden:

  1. Aportar al profesorado conocimientos sobre conceptos relacionados con la diversidad sexual y de género.
  2. Preparar al profesorado de educación primaria y secundaria para incluir la diversidad sexual y de género en el ámbito educativo.
  3. Proporcionar al profesorado de educación primaria y secundaria herramientas para incorporar la aceptación de las distintas realidades relacionadas con la diversidad sexual y de género (infancias y adolescencias trans, diversidad en la expresión y conducta de género, familias diversas, orientaciones sexuales diversas, etc.)

Los contenidos

De igual modo, en la información oficial y hecha pública de los mencionados centros oficiales de formación del profesorado, el mencionado curso de ‘Diversidad Sexual y de Género en el entorno educativo’ está dotado de los siguientes contenidos:

  1. Conceptos relacionados con la diversidad sexual y de género.
  2. Conceptos relacionados con la LGTBIfobia y su prevención en el sistema educativo.
  3. Conocimientos sobre la legislación jurídica sobre diversidad sexual y de género en la Comunidad de Madrid y su aplicación al entorno educativo.
  4. Información sobre las distintas entidades que trabajan en Madrid en temas de discriminación por razón de diversidad sexual o de género. (El programa LGTBI de la Comunidad de Madrid)
  5. Herramientas para incorporar en el ámbito educativo la incorporación y aceptación de las distintas realidades relacionadas con la diversidad sexual y de género (infancias y adolescencias trans, diversidad en la expresión y conducta de género, familias diversas, orientaciones sexuales diversas, etc.).

La metodología de los cursos alterna exposiciones teóricas y actividades prácticas.

Además, el curso para cualificar al profesorado en los conceptos y herramientas para incorporar en la educación el adoctrinamiento de menores en valores de la ideología de género, va acompañado de una serie de recursos educativos y materiales complementarios, que a veces no se hacen públicos en la web de los centros de formación porque sólo son accesibles para los profesores que reciben la formación LGTBI de la Comunidad de Madrid. Pero, en algunos centros formativos del profesorado sí los han hecho públicos. Algunos de esos recursos o materiales para las aulas:

“Libros Familias LGTBI”, por ejemplo, son títulos de cuentos LGTBI dirigidos a menores desde 3 años de edad. 

La guía didáctica “Piratrans Carabarco”. Libro que incluye cuaderno de actividades“Carabarco es un pirata, pero un pirata de los de verdad, con dos ovarios, un gallo y una estrella como parche. Distinto, vale, pero igual de bucanero que cualquier otro corsario de los siete mares. Y aunque esas diferencias lo hacen ser piraTrans, es como cualquier filibustero. Unos tienen barba y otros una gran espada, Carabarco tiene una chistera y muchas historias que contar”.

¿Qué pueden hacer los padres ante la intromisión adoctrinadora LGTBI que se está imponiendo?

Primero y ante todo, estar informados, conocer las leyes autonómicas que imponen la ideología de género en las aulas. A fecha de hoy, 13 de las 17 Comunidades Autónomas ya han aprobado leyes de adoctrinamiento de género y sexo.

Una buena herramienta de información es leer el libro publicado por HazteOir.org: “¿Sabes lo que quieren enseñarle a  tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual”.

Portada del libro '¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual' editado por HazteOir.org / Actuall
Portada del libro ‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual’ editado por HazteOir.org / Actuall

HazteOir.org también ha editado un nuevo libro: “Dejad a los Niños en Paz. Una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género”, que se puede solicitar llamando al 91 554 71 89.

En ambas publicaciones, al final de las mismas, se puede encontrar un escrito de objeción de conciencia para padres, que apela al “artículo 27.3 de la Constitución Española según el cual los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Para la objeción de conciencia de los padres ante el adoctrinamiento LGTBI
Para la objeción de conciencia de los padres ante el adoctrinamiento LGTBI

“Apelo también a la doctrina del Tribunal Supremo que, en sus sentencias de fecha 11 de febrero de 2009, estableció que ‘no autoriza a la Administración educativa, ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores, a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas’”.

Ante la apisonadora de la ideología de género contra los menores, HazteOir.org iniciará en breve una nueva campaña de información para padres en centros educativos.

FUENTE: https://www.actuall.com/educacion/cifuentes-mete-la-directa-adoctrinar-sexo-genero-profesores-alumnos/